La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España que tutele directamente a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Delgado ha instado a la ministra Sira Rego a atender el requerimiento que se le realizó el pasado mes de octubre para que el Ministerio de Inclusión, a través de los dispositivos de atención de protección internacional, tutelen directamente a los menores . Canarias tiene ya «500 menores que tienen la condición de asilados y que, según la Ley, tendrían que estar bajo la tutela del Estado». Por ello, ha recordado que ha pasado « más de un mes « y siguen »sin contestar a este requerimiento« lo que lleva a que »la única« solución que queda al Gobierno de Canarias »es presentar un contencioso para conseguir que los derechos de estos jóvenes sean respetados y atendidos de forma solidaria«. Ha pedido a Rego que lidere la petición de fondos procedentes de Europa y que el propio vicepresidente de la Comisión Europea saliente, Margaritis Schinas, aseguró en Canarias que «estaban destinados para establecimientos de primera acogida « en el archipiélago. Para la consejera canaria, »es el Estado el que debe tomar las riendas de esta financiación porque la comunidad autónoma no es competente«, así como entiende que debe »solicitar los mecanismos de solidaridad de la UE para el reparto de menores porque hay estados que se han ofrecido a su acogida«. Sobre el Real Decreto que regulará la concesión directa de la subvención de 50 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para la atención a los menores emigrantes no acompañados, la ministra ha informado de que el martes próximo se aprobará en Consejo de Ministros, y con posterioridad se transferirán a Canarias. Delgado expuso que actualmente más de 5.400 menores inmigrantes se distribuyen en los 86 centros de los que disponen las islas y que esto supone una « presión de un 300% superior de su capacidad«. El cálculo sobre la inversión que tiene que hacer este Gobierno para atender a estos menores »es de 160 millones de euros porque no es simplemente la atención del día a día en alojamiento y manutención, sino el coste en el sistema judicial, policial, en educación y sanidad«.
