Durante el acto de clausura del 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, el presidente del Gobierno anunció la creación de una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Esta medida busca luchar contra uno de los temas que más preocupa a los españoles: el acceso a la vivienda.
Los últimos meses han estado cargados de protestas contra las medidas del Gobierno por este motivo, como la manifestación que tuvo lugar en Barcelona el pasado 23 de noviembre. Desde distintas agrupaciones se le exigía al ejecutivo que pusieran un tope a los precios de los alquileres, acabar con la especulación y prohibir por ley los pisos turísticos en las zonas con altas demandas.
El Sindicato de Inquilinas asegura a ECD que la propuesta de Sánchez no solucionaría ningún problema actual de la vivienda. Los promotores de las multitudinarias manifestaciones por el derecho a la vivienda ven este anuncio como un “titular electoralista” y no creen que termine en algo más que solo palabras. Aseguran que el foco no se tiene que poner en la construcción, sino que se debe poner en “intervenir el mercado y acabar con la especulación”.
Afirman que aún esperan para ver cómo se desarrolla esta propuesta y tendrán que ver si el Gobierno “se atreve a solucionar un problema, que ellos mismos han creado, con medidas contundentes”. Avisan que la nueva empresa pública de vivienda no puede ser igual que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restauración Bancaria (SAREB), a la que acusan de ser un fondo buitre que “desahucia familias todos los días”.
Comparan la situación de la vivienda con la vivida en la pandemia con las mascarillas, “durante el covid-19 se tendrían que haber fabricado mascarillas y al no hacerlo se empezó a especular con ellas, hasta que se puso un tope en los precios y con la vivienda debe ocurrir lo mismo”.
La solución para el Sindicato de Inquilinas es “cambiar las reglas del juego” y si no se hace, la nueva empresa pública se convertirá en un “enorme especulador”. Para que esto no ocurra siguen manteniendo las reivindicaciones que defienden desde los últimos años: bajar los precios de los alquileres un 50%, contratos indefinidos de alquiler y recuperar las viviendas convertidas en pisos turísticos. Afirman que el camino está en hacer que todas las viviendas que se puedan usar para alquilar sean recuperadas y, tras esto, se podría empezar a construir.
