En Costa Rica, los delitos contra la vida cometidos por menores de edad se duplicaron en el quinquenio 2019 y 2023. Según datos del Poder Judicial, en 2019 se reportaron 496 casos, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 1.004 (un incremento del 102,4%).
Por delitos contra la vida se contemplan agresiones con arma, lesiones (leves, graves y gravísimas), homicidios (culposos, dolosos y tentativas), y agresiones con arma, entre otras variables.
Por ejemplo, los homicidios dolosos (con la intención de causar la muerte), fueron aumentando de 35 a 46 entre el 2019 y el 2020. Luego bajaron a 27 al año siguiente, y a 26 en el 2022 y luego aumentaron a 54 en el 2023.
En ese quinquenio, el delito que más creció fue la agresión con armas, que pasó de 287 en el 2019 y alcanzó 525 casos el año pasado, un crecimiento del 83%. En Costa Rica, la Ley Penal Juvenil se aplica a todos los menores desde los 12 años y antes de cumplir 18 y las sanciones máximas de internamiento oscilan entre 10 y 15 años según la edad del infractor.
Para la criminóloga Gaudy Gutiérrez, este aumento podría estar relacionado con los efectos del confinamiento social durante la pandemia de Covid-19. “La interrupción de la educación ante los cierres de los centros educativos, la tensión o el estrés psicológico presente en las familias ante el miedo a la pandemia o el mayor control hacia los jóvenes encerrados en casa podría influenciar en el aumento de las conductas violentas”, explicó.
Gutiérrez también destacó cómo la desigualdad social y la crisis económica agravaron la situación. Según señaló, algunos adolescentes, enfrentados a la desesperación, vieron en la delincuencia una forma rápida de satisfacer las necesidades propias y de sus familias.
Además, la experta indicó que el crimen organizado aprovecha estas vulnerabilidades para reclutar a menores de edad. “Los hacen sentirse identificados, tener un sentido de pertenencia o poder, inclusive, con la posibilidad de contar con un ingreso económico, los hace formar parte de actividades ilícitas que involucran el uso de violencia, atentando contra la vida de las personas para conseguir los objetivos de las organizaciones criminales”, afirmó.
Otros factores que contribuyen al aumento de la delincuencia juvenil, según la especialista, incluyen la desintegración familiar, hogares disfuncionales, poca o nula supervisión parental, la normalización de la violencia en los hogares y la exposición a contenido violento en Internet.
Entre los delitos contra la vida que experimentaron un aumento se destacan los homicidios culposos, las tentativas de homicidio, las agresiones con armas, así como el maltrato, las amenazas, la provocación de riñas y las lesiones. Según la criminóloga, estos fenómenos están vinculados a la pérdida de valores en los hogares, la desmotivación y la falta de oportunidades para los jóvenes.
Entre 2019 y 2023, de acuerdo con datos del Poder Judicial, los crímenes relacionados con la Ley de Psicotrópicos cometidos por menores crecieron un 84%, pasando de 143 a 263 casos. Este aumento incluye delitos como suministro, venta y tenencia de drogas y legitimación de capitales.
Según Gutiérrez, este fenómeno está vinculado a la normalización del consumo de drogas entre los jóvenes “gracias al cambio de percepción de las consecuencias de su uso y la poca fiscalización por parte de los padres en las actividades de los adolescentes”, explicó.
Además, la experta manifestó que la implicación de menores en actividades relacionadas con drogas se ve favorecida por su rango de edad.
“Al ser los menores sujetos a sanciones más leves en comparación con los adultos, crea una falsa tranquilidad que les fortalece la sensación de participar en actividades ilícitas sin una consecuencia grave, lo cual podría ser un incentivo para las bandas criminales”, comentó.
El delito de portación ilegal de armas por parte de menores también experimentó un notable aumento del 70%, al pasar de 91 casos en 2020 a 155 en 2023. Según Gutiérrez, este aumento se debe a la facilidad con la que las armas pueden adquirirse en mercados ilegales, especialmente por parte de bandas criminales que buscan reclutar a menores de edad.
Este enfoque en los adolescentes, según la experta, radica en que enfrentan sanciones más leves al ser detenidos. “Esto no solo facilita la portación ilícita, sino también el uso de las armas para protegerse, generar enfrentamientos entre grupos criminales o ejecutar sus actividades delictivas diarias”, explicó.
Según datos del Poder Judicial recopilados entre 2019 y 2022 (los datos más recientes), los menores más jóvenes tienden a cometer delitos de menor gravedad, como vandalismo o robos simples. Sin embargo, aquellos con edades entre los 15 y 17 años están más implicados en delitos graves, como robos agravados, homicidios y venta de drogas.
En cuanto al género, los varones concentran la mayoría de los delitos violentos, mientras que las mujeres están más asociadas a delitos como hurto o fraude, que implican menor uso de la violencia.
Según el Poder Judicial, entre 2019 y 2023, un total de 1.275 menores fueron sentenciados por diversos delitos. De este número, 842 recibieron sanciones socioeducativas, mientras que 433 fueron sancionados con internamiento.
Cuando un menor es sancionado, el Ministerio de Justicia y Paz define un plan individualizado a través del Programa de Sanciones Alternativas. Este plan incluye colaboración con diversas instituciones, como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Además, abarca iniciativas en salud mental con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y redes de atención comunitaria, como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).
“La aplicación de procedimientos restaurativos ha mostrado resultados positivos y una reducción de la reincidencia delictiva en menores de edad, gracias a los planes reparadores ligados a órdenes de supervisión y orientación, como estudio y trabajo comunitario”, indicó Gutiérrez.
Sin embargo, la experta señaló deficiencias en los centros de internamiento, como la falta de recursos económicos, personal capacitado e infraestructura adecuada, lo que puede hacer que estas instalaciones sean más punitivas que rehabilitadoras.
Para reducir la implicación de los menores en la criminalidad, Gutiérrez sugirió al sistema reforzar los programas educativos y vocacionales, brindar apoyo psicológico y fortalecer las redes de apoyo familiar.
Además, recomendó implementar actividades recreativas como deportes y arte en comunidades vulnerables para motivar a los jóvenes y alejarlos de la delincuencia.
“Es vital identificar riesgos a temprana edad, capacitando a los padres para detectar y abordar comportamientos problemáticos en los menores”, explicó. También propuso implementar programas específicos por género y edad, como talleres de empoderamiento femenino o control de la agresividad en niños.
Para concluir, Gutiérrez hizo un llamado a la colaboración entre comunidades, organizaciones no gubernamentales, escuelas y empresas privadas para crear oportunidades para familias en riesgo y fomentar la prevención de delitos, además de reducir la reincidencia criminal en los jóvenes.
Hombre que acribilló a una adolescente de 13 años en Guararí recibe pena máxima
