Juan Lobato, hasta hace dos días secretario general del PSOE de Madrid, ha llegado este viernes al Tribunal Supremo, solo, andando, con una carpeta en la mano y poco antes de las 10:00 horas para declarar como testigo de la presunta filtración por parte de Moncloa de las negociaciones que el novio de Isabel Díaz Ayuso mantenía con el Ministerio Fiscal para evitar una pena de prisión por dos delitos fiscales que habría cometido.
Lobato ha admitido ante el magistrado Luis Hurtado, como se observa en los whatsapps que incluye el acta notarial, que la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, le remitió el mail en que la defensa de Alberto González Amador planteaba un pacto de conformidad al fiscal de delitos económicos Julián Salto.
Explicó que decidió acudir a la notaría porque le pareció raro y dudó de la legalidad de que Sánchez Acera le remitiese este documento. Asimismo, reveló que el contenido del comunicado en que se pronunció el domingo sobre la noticia en que ABC daba cuenta de la existencia de las actas y de que Acera le envió los mails fue consensuado en una reunión que tuvo ese día con la propia jefa de gabinete de López y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.
Lobato ha tenido que dejar el teléfono móvil para que vuelquen su contenido en lo relativo a la conversación de Whatsapp que mantuvo con Sánchez Acera y volverá a lo largo de la jornada de hoy para recogerlo. Este copiado fue requerido por una de las acusaciones populares, la APIF, al observar que en las capturas que constan de los mensajes que intercambió con la alto cargo del Gobierno no estaban recogidos de forma cronológica y en su totalidad. El dirigente de la federación madrileña del PSOE accedió voluntariamente y, como señalan fuentes consultadas por LA RAZÓN, para evitar una probable imputación, que no ha sido ya que se ha ido del Supremo sin que cambie su situación procesal de testigo.
A su salida, afirmó sentirse tranquilo y confirmó que no acudirá al Congreso Federal de su formación que desde este fin de semana se celebra en Sevilla. Tras estar algo más de dos horas en el Supremo ha abandonado el lugar sin que cambie su situación procesal.
El magistrado Hurtado le ha interrogado en el marco de la causa especial que instruye contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, por revelación de secretos por su supuesta responsabilidad en que se publicase en los medios de comunicación, horas antes de que lo recibiese la defensa de Alberto González Amador, la denuncia de la Fiscalía económica contra él por la presunta defraudación de 350.000 euros a la Agencia en el impuesto de Sociedades con una de sus empresas durante dos ejercicios.
El dirigente socialista ha tenido que entregar al instructor una copia del acta notarial de manifestaciones que consignó. La clave, ahora, para Lobato está en el contenido de esta y lo que marcará la diferencia será si en los whatsapps que le envió directamente Sánchez Acera están los correos de la defensa de González Amador con el fiscal Julián Salto, o si, en cambio, se limitó a reenviarle el enlace o material procedente de las noticias publicadas en que se informaba de la presunta defraudación tributaria del novio de Ayuso. En este primer escenario, Sánchez Acera, de seguro, se enfrentará a responsabilidades penales y Lobato puede acabar siendo investigado como encubridor.
Lobato fue llamado a declarar el pasado lunes, después de que ABC publicase que había acudido a una notaria madrileña para dejar constancia en un acta de manifestaciones notariales de cómo la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, le remitió el pasado 14 de marzo información sobre los mails que cruzaron el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid Julián Salto.
Acera, que entonces era alto cargo de Presidencia del Gobierno, dado que López era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le trasladó esta "confesión" con la intención de que la sacase a relucir en la Asamblea de Madrid como un ataque político contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lobato admitió públicamente que se le envió un correo desde Moncloa con datos de González Amador, pero aseguró que eran los mismos que se conocían públicamente por la prensa.
En la Sala de lo Penal se consideró que su relación con los hechos y ante la información clave para el "esclarecimiento" de qué ocurrió previamente a la publicación de la nota informativa sobre el caso del novio de Ayuso que salió de la Fiscalía Provincial y le valió la imputación tanto a su máxima responsable Rodríguez Fernández como al fiscal general del Estado, que públicamente se hizo "responsable último" de su difusión.
Hay que recordar que Lobato está aún aforado en el alto tribunal como senador que es y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su condición de parlamentario autonómico y portavoz del grupo socialista.
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