En materia de gobernanza, es útil examinar aquellos conceptos que nos pueden explicar por qué ocurren ciertos actos de corrupción. Uno clave es la dependencia: ¿qué la ocasiona y cómo se fortalece la independencia de los jueces y otros funcionarios?
En América Latina, con frecuencia se considera que ser o no independiente deriva de una decisión voluntaria o incluso de un rasgo personal. Si una persona no actúa de manera independiente, se la cataloga de servil.
Una manera distinta de comprender la falta de independencia la encontramos en el clientelismo y la relación asimétrica entre el patrón y su cliente, en la que el primero controla recursos (cargos, fallos, permisos, contratos, etcétera) que el segundo necesita para mantener su bienestar. De esta forma, el patrón utiliza dicho control como método de presión y coerción con el fin de lograr que sus clientes dependientes actúen en beneficio de sus intereses.
Es preciso tener presente que la coerción conlleva una amenaza, detrás de la cual subyace la fuerza del castigo. El equívoco surge a consecuencia de la alta visibilidad de la acción del dependiente (por ejemplo, archivar una causa penal), y la invisibilidad de la amenaza que la precipita, con lo que su origen aparenta ser servilismo.
No resulta necesario forzar físicamente a una persona para mermar su libre albedrío. La fuerza de voluntad de toda persona tiene un límite. Cuando las consecuencias previstas son lo suficientemente considerables, la voluntad tenderá a doblegarse.
Lo anterior destaca la importancia de divulgar estos conceptos, de manera que la población pueda reconocer la coerción practicada por los políticos, identificar las dependencias creadas por las estructuras de poder dentro del Gobierno y entender la corrupción endémica como algo más que falta de valores o servilismo.
¿Qué podría garantizar que los ciudadanos, en sus deberes públicos, actúen de forma imparcial y responsable? La respuesta intuitiva es apelar a que estos cultiven un mejor carácter moral (para que, en conjunto, cambien la cultura). Sin embargo, hemos de considerar el contexto actual: el candidato con la gallardía para negarse a participar en el clientelismo pierde apoyo; el funcionario con la valentía para actuar con imparcialidad es despedido o se expone a fuertes represalias, y, a menudo, el ciudadano con la intrepidez de resistir el cambalache ve afectados su bienestar y porvenir.
No cabe duda de que la fuerza de voluntad y los valores son importantes, pero cultivarlos no cambia la naturaleza coercitiva de la situación o la necesidad de sobrevivirla. Para deshacernos del doblegamiento endémico, la solución deberá incluir la eliminación de los instrumentos que facilitan la coerción.
Las sociedades con funcionarios independientes e imparciales los tienen porque han adoptado los medios necesarios para romper las dependencias dañinas. Estos incluyen, entre los mejores ejemplos: la elección democrática de los fiscales, jueces nominados por una comisión de notables apolíticos y posteriormente sometidos a plebiscitos periódicos, y empleados públicos cuya carrera es administrada por una comisión de notables civiles ex officio. Como ilustración, la Constitución de Texas, en su título V, establece que los jefes de policía (sheriffs) y los fiscales locales se elijan democráticamente en cada distrito. La Constitución de Luisiana, en su título X, establece sistemas de servicio civil estatal y locales administrados por comisiones civiles. Las constituciones estatales estadounidenses están compuestas por este tipo de mecanismos casi en su totalidad, no por listas de derechos y principios.
De adoptarse tales instrumentos organizacionales, se formarían funcionarios imparciales, con potestad para actuar debidamente, lo que incluye castigar las ilegalidades de otros funcionarios, políticos y sus socios sin temor a represalias.
Así, los funcionarios, en gran medida, dejan de ser secuaces de los políticos y no cuentan con su protección. En paralelo, debido a que los políticos pierden el poder de distribuir cargos y beneficios a sus aliados, el ciudadano ya no necesita asociarse con políticos como forma de asegurar su bienestar personal. Esto crea un control contra el clientelismo y la arbitrariedad. Además, el hecho de no poder recibir beneficios personales incentiva a los militantes y patrocinadores a apoyar a los políticos con las características necesarias para legislar normas sostenibles y combatir el abuso.
Las naciones de América Latina no tienen una población con menos fuerza de voluntad ni peores valores. En gran medida, sus políticos, funcionarios, partidistas y ciudadanos actúan indebidamente en sus deberes públicos porque la estructura de poder dentro de sus Gobiernos habilita a pocos la compra de la conciencia de muchos. Para combatir este mal, resulta esencial dar a conocer que la falta generalizada de independencia e imparcialidad es consecuencia de la coerción, no del servilismo.
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