Ni una, ni dos, ni tres... hasta en quince ocasiones ha bloqueado ya el PSOE la tramitación en el Congreso de la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitó el martes una nueva ampliación del plazo de enmiendas para bloquear y retrasar su aprobación, con el objetivo de que no entre en vigor en enero de 2025. Y todo ello con el beneplácito del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objeto de incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y a los funcionarios de Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.
De este modo, el Ejecutivo consigue demorar una semana más este trámite. Y todo apunta a que la situación volverá a repetirse el próximo 4 de diciembre, como así lo demuestran los 15 aplazamientos requeridos por el PSOE desde el pasado 9 de septiembre. Una situación que genera "frustración" e "indignación" entre los agentes, que sienten que el Gobierno les trata como "profesionales de tercera categoría". La pregunta ahora es: "¿hasta cuándo?".
Hay que recordar que este proceso no es nuevo y los agentes llevan décadas reclamando la equiparación, también en las jubilaciones, con el resto de Policías del Estado. En marzo de este año, el Defensor del Pueblo, que dirige Ángel Gabilondo, admitió que los trabajos de las distintas mesas para establecer los parámetros de la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles ya había comenzado, pero "con retraso". No obstante, dejaba claro que el ámbito de negociación se escapaba de su control.
En concreto, estipulaba que son las citadas mesas, integradas por la Administración y las organizaciones sindicales, las que deben analizar las propuestas para intentar llegar a un acuerdo. En definitiva, explicaba que ya existen unos cauces preestablecidos a través de los cuales deberán tratarse todas esas cuestiones. Así, una vez se han iniciado los trabajos pertinentes en las correspondientes mesas técnicas, la Institución da por finalizada su intervención.
En junio, el Senado aprobó una Proposición de Ley del Partido Popular, cuyo objetivo es incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dentro del listado de profesiones de riesgo. En concreto, planteaba incluir a estos agentes, así como a los del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la peligrosidad de su trabajo. Norma que debe ser refrendada ahora por el Congreso de los Diputados para que entre en vigor, y aquí es donde el Ejecutivo no para de poner trabas. Porque hay que recordar que la última palabra la tiene ahora el PSOE, que ya votó en contra en la Cámara Alta, y sus socios de Gobierno.
Por otra parte, en la Cámara Baja hay también hay registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. Y es que la lista de agravios con policías nacionales y guardias civiles por parte del Gobierno y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es interminable. Sin duda, el tema más recurrente es el de la equiparación salarial, ya que, a pesar de haber rubricado un acuerdo en 2018, su incumplimiento sigue siendo flagrante: un policía nacional y un guardia civil cobran ya hasta 8.251 euros menos al año que un mosso d’esquadra.
La negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, incide de forma directa en su jubilación, en concreto a la anticipada. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación, como ocurre en el caso de los Mossos d'Esquadra que sí figuran en esta lista.
Y aquí el agravio llega a ser "sangrante". Mientras un mosso d’esquadra cobra desde los 59 años la pensión máxima: 3.175,04 euros al mes (44.450,56 euros al año), un policía nacional, a esa misma edad, pasaría a situación de reserva, cobrando apenas 1.697,17 euros mensuales. Todo ello sin contar los trienios acumulados.
Tras cumplir los 65 años, la diferencia sigue siendo abismal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se retiran cobrando hasta 14.280,56 euros menos al año que un mosso. Es decir, su salario mensual sería de 2.155 euros, un 32,13% menos que los policías autonómicos.
