Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gabinete del mandatario venezolano Nicolás Maduro, incluidos ministros, por encabezar la represión para que el líder chavista se declarara "fraudulentamente ganador" de los comicios.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó "sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias", la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago.
Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de "conspiración" contra el gobierno de Maduro. Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela.
La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.
Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde septiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones, que sustituye en la práctica a la autoridad del control de cambio que estuvo vigente en Venezuela por más de 15 años.
Los sancionados "han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio", afirma el Tesoro en un comunicado.
De esta manera ignoran "la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente", añade.
La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo. El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.
Paralelamente, la víspera de que se cumplan cuatro meses de los comicios, el departamento de Estado impuso restricciones de visa a "individuos alineados con Maduro".
Con estas medidas hasta la fecha casi 2.000 personas se ven afectadas por restricciones de visa.
Las sanciones implican el "bloqueo de propiedad y suspensión de entrada" en Estados Unidos "por ser funcionarios actuales o anteriores" del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro.
"No se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro" sino a los funcionarios "que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas", declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.
Washington sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia.
La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019 pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.
"Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela", afirmó el funcionario.
"Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro", precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.
En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo.
El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones.
Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.
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