¿Puede el presidente electo Donald Trump invocar la Ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes? El magnate republicano está convencido de que sí, pero está por verse qué permiten los tribunales estadounidenses.
En 1798 Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia y el Partido Federalista temía que los "extranjeros" que vivían en Estados Unidos simpatizaran con los franceses.
Como consecuencia, el Congreso, controlado por los federalistas, aprobó una serie de leyes que endurecían los requisitos para obtener la ciudadanía, autorizaban al presidente la deportación de los "extranjeros" y permitían su detención, encarcelamiento en tiempo de guerra.
Según un análisis del centro de reflexión Brennan Center for Justice, la ley "puede ser -y ha sido- utilizada contra inmigrantes que no han hecho nada malo, que no han mostrado signos de deslealtad y que están legalmente" en Estados Unidos.
"Es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz", añade.
Se ha invocado tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
El presidente necesita una votación en el Congreso para invocarla en el caso de guerra declarada pero no si se trata de una "invasión o incursión predatoria".
Tiene la autoridad "para repeler este tipo de ataques repentinos", lo que implica "discreción para decidir cuándo está en curso una invasión o incursión", añade el centro.
A lo largo de la campaña electoral, Trump despotricó contra los migrantes en situación irregular.
Calificó de "invasión" su entrada sin visa en territorio estadounidense y los acusó de envenenar "la sangre" e "infectar" Estados Unidos.
Para "liberar", según él, el país, proyecta "la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos" en cuanto asuma el cargo el 20 de enero.
"Cerraremos la frontera. Detendremos la invasión de ilegales (...) defenderemos nuestro territorio, no seremos conquistados", afirmó más de una vez en tono belicista.
El ala radical del Partido Republicano considera que se puede hacer una lectura no literal del término invasión e incursión, lo que permitiría "invocar la Ley de Enemigos extranjeros en respuesta a la migración ilegal y el tráfico de narcóticos transfronterizo", afirma Brennan Center for Justice.
El uso de la ley de 1798 puede chocar con la Quinta Enmienda a la Constitución que garantiza un juicio justo, otorga derecho a un abogado y a no autoincriminarse, entre otras cosas.
En general protege contra las violaciones de derechos cometidas por el gobierno federal.
Los tribunales suelen anular las medidas discriminatorias basadas por ejemplo en la raza o la ascendencia, y las que vulneran los derechos fundamentales.
Algunas organizaciones de defensa de los migrantes estiman que la ley de 1798 discrimina a los migrantes en función de su país de ciudadanía o su ascendencia.
"Sin duda habrá impugnaciones legales presentadas por grupos de inmigrantes y de derechos civiles, estados y ciudades azules", el color del Partido Demócrata, declaró a la AFP Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.
"Todavía está por verse si los tribunales permitirán todas las acciones prometidas en torno a las deportaciones y otras restricciones a la inmigración", añadió.
Tom Homan, designado por Trump como futuro "zar de la frontera", afirmó que el gobierno apunta a todos los migrantes en situación irregular pero anticipa limitaciones.
Reconoce que necesita una ingente cantidad de fondos del Congreso para costear los gastos de personal y de detención y expulsión de migrantes en un país donde más de 11 millones de personas serían susceptibles de ser deportadas, según el criterio de Trump.
Y también precisa la colaboración de otros países.
Las organizaciones de defensa de los derechos civiles piden reaccionar.
En octubre, incluso antes de que Trump ganara las elecciones, ACLU, una de las más influyentes del país, llamó a los dirigentes locales y estatales a impedir que el gobierno federal use sus recursos para llevar a cabo deportaciones masivas.
"Sin la ayuda de las agencias gubernamentales estatales y locales" será "mucho más difícil identificar, arrestar y detener a nuestros vecinos y seres queridos inmigrantes", afirmó en un comunicado.
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