Más de 45.000 autónomos que cesaron su actividad durante la pandemia -el 3% de los reconocimientos provisionales realizados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social- tendrán que devolver las ayudas concedidas por el Gobierno al haber incumplido los requisitos estipulados legalmente, porque superaron los límites de ingresos establecidos, por incompatibilidad con otras ayudas o porque su actividad económica no estuvo suspendida por la emergencia sanitaria.
Ante el nivel de emergencia y la imposibilidad de realizar controles exhaustivos, el Ejecutivo repartió dichas ayudas de manera provisional a casi 1,5 millones de trabajadores autónomos que se vieron obligados a cerrar sus negocios, con un gasto de 5.237 millones entre prestaciones extraordinarias y exoneraciones de cotizaciones sociales. Pero lo hizo con una normativa improvisada, que tuvo que ser corregida con varios decretos ley posteriores y que llevó la confusión a miles de trabajadores por cuenta propia, que pidieron estas subvenciones creyendo que sí les correspondían.
Ahora, cuatro años después, la Seguridad Social exige a más de 45.000 de estos autónomos que devuelvan miles de euros que ya se han gastado porque no tenían derecho a ello, con el agravante de que la Agencia Tributaria ha recaudado los impuestos correspondientes de esos ingresos y, por tanto, estos autónomos tienen que reembolsar unos ingresos por los que ya han tributado. Un caos fiscal que va a obligar a Hacienda a revisar todas las declaraciones de los afectados a partir de 2020 e intentar cuadrar los números. Un proceder que fue duramente criticado por el propio Tribunal de Cuentas, que en su informe sobre estas ayudas cargó contra la gestión realizada "por su escasa y poco clara regulación jurídica", que ni siquiera se aclaró con las modificaciones consiguientes por "insuficientes", "imprecisas" y que adolecieron de una "grave falta de previsión".
Fuentes autorizadas han explicado a LA RAZÓN que estas ayudas deberán ser reintegradas a las arcas públicas "aunque el contribuyente ya no ejerza la misma actividad o haya cerrado la sociedad que en aquel momento estaba activa y por la que recibió las ayudas".
La cifra ofrecida por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al grupo de diputados del PP, concreta en 45.357 las prestaciones que se otorgaron de forma errónea y que sus perceptores estarían obligados a reintegrar. Pero este dato se sitúa a años luz del que estimó el propio Tribunal de Cuentas en un informe publicado el pasado mes de abril, que cuantificaba en 281.000 los autónomos que recibieron ayudas por el cese de actividad sin cumplir con los requisitos, 236.000 trabajadores por cuenta propia que no queda claro si ya han sido exonerados definitivamente o es que su situación siguen siendo investigada. En el informe se justificaba esta cifra porque 125.000 autónomos no estaban dados de alta en la Seguridad Social o al corriente del pago de las cuotas en el momento de solicitar la ayuda y otros 156.000 personas pidieron la prestación sin estar suspendida su actividad en la pandemia.
La Seguridad Social ya informó de que ha implementado una serie de medidas para facilitar a los autónomos la devolución, con el alargamiento de los plazos máximos, la reducción de los importes mínimos y el fraccionamiento del reembolso de las prestaciones que les reclame la Seguridad Social. Hasta ahora, los autónomos tenían un plazo máximo de 48 meses para realizar estas devoluciones, pero ese plazo se ha extendido hasta los 60 meses. El importe mínimo de las mensualidades se ha reducido a 100 euros. En el caso de que se deniegue la solicitud de aplazamiento, la Seguridad Social otorgará un nuevo plazo de 15 días para el ingreso de la deuda completa y sin fraccionar.
