Gustavo Penadés en una fotografía de archivo. Facebook / Gustavo Penadés
Durante el Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, uno de los líderes más importantes del Partido Nacional, una grave situación salió a la luz cuando se reveló que uno de sus senadores estaba acusado de abuso y explotación sexual de varios niños y adolescentes a lo largo del tiempo: se trata de Gustavo Penadés, un hecho del que se dejó de hablar a medida que se intensificó la campaña electoral.
Las reacciones de los líderes del partido han refrescado un debate sobre la protección de las víctimas y la responsabilidad de los dirigentes.
El presidente Luis Lacalle Pou, en medio de la investigación sobre las acusaciones contra el senador Gustavo Penadés, manifestó públicamente su apoyo al legislador. En una actividad realizada en la Escuela Policial, Lacalle Pou dijo a los periodistas que tenía “confianza” y “respaldo” hacia Penadés, afirmando: “Le creo a él”, cuando fue consultado sobre las denuncias de la militante del Partido Nacional, Romina Celeste Papasso. Esta última había denunciado que Penadés le pagó por mantener relaciones sexuales cuando ella tenía apenas 13 años. Penadés, por su parte, negó las acusaciones y anunció su intención de demandar por difamación.
En este contexto, el apoyo a Penadés no se limitó al presidente. El senador blanco, Álvaro Gandini, también expresó su respaldo al legislador, buscando mantener su buena imagen sin considerar el impacto que sus declaraciones podrían tener en las víctimas de abuso.
Una situación aún más controvertida surgió cuando, tras la publicación de las denuncias, se permitió al senador Penadés intimidar a las víctimas mediante una conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo. Este hecho generó una fuerte reacción pública y puso de manifiesto las preocupaciones sobre el trato hacia quienes habían denunciado los abusos.
A raíz de esta polémica, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se vio obligado a renunciar luego de que se divulgaran informaciones que evidenciaban sus intentos de influir en la investigación de las denuncias contra Penadés. Iturralde hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social X, argumentando que su dimisión buscaba evitar comprometer a sus colegas y al funcionamiento institucional del partido.
Mientras tanto, otros miembros del partido, como el senador Sergio Botana, minimizaban las denuncias. En declaraciones a la prensa, Botana calificó las acusaciones como “un bolazo total” con la intención de desacreditar a “un hombre de bien”, refiriéndose a Penadés, a quien describió como una persona “muy querida y respetada” en el Parlamento.
Recibió un espaldarazo también del exministro de Interior y senador, Luis Alberto Heber, quien dijo: «creo en la versión de mi amigo», en alusión al acusado correligionario nacionalista.
En medio del escándalo, la Corte Electoral sumarió a funcionarios que colaboraron con un presunto espionaje a las personas que denunciaron a Penadés. En paralelo, uno de los involucrados en poner obstáculos a la investigación contra Penades fue Carlos Taroco, a quien el Gobierno Blanco le dió en 2022 el cargo de Director de la Cárcel Comcar. Ahora, está condenado por lo hecho.
Por último, recordamos cuando el expresidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, también mostró su confianza en “la inocencia” de Penadés, desestimando por completo el impacto que sus palabras podrían generar en las víctimas y en las familias de los niños y adolescentes que han sufrido abusos en el país.
El manejo de esta situación por parte del Partido Nacional y de sus líderes ha suscitado una fuerte crítica pública y ha dejado al descubierto la necesidad de abordar de manera seria y responsable las denuncias de abuso, priorizando el bienestar de las víctimas sobre la defensa de los acusados.
