Cuando las elecciones presidenciales en Estados Unidos se definieron a favor de Donald Trump, el rendimiento de los bonos gubernamentales a diez años aumentó del 4,3 % al 4,4 %, y el de los bonos a 30 años subió del 4,5 % al 4,6 %, y ambos todavía estaban en esos rangos diez días después.
Cuando el mercado de bonos bajaba —rendimientos más altos significan precios más bajos—, el mercado de valores subía. Claramente, los inversionistas esperan que la próxima administración Trump genere mayores déficits presupuestarios gubernamentales y más deuda.
No es difícil entender por qué. Durante el primer mandato de Trump, sumó ocho billones de dólares a la deuda nacional —todos los presidentes anteriores juntos habían acumulado 20 billones de dólares—, a pesar de haber prometido tener superávits presupuestarios tan grandes que terminarían eliminando la deuda pública en el lapso de dos mandatos.
Durante la campaña, prometió recortar los impuestos aparentemente a todos los grupos que se le antojaran. Según la estimación central del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, las propuestas fiscales de Trump implican diez billones de dólares en ingresos no percibidos en los próximos diez años. Si a eso se añade un billón de dólares más en intereses devengados por la deuda nacional, las pérdidas superan con creces los tres billones de dólares en ingresos adicionales que supondrían los aranceles estrafalarios que Trump ha prometido introducir.
Esto requerirá que el gobierno federal venda muchos bonos, una práctica que mantendrá su precio bajo y las tasas de interés altas.
La línea del Partido Republicano es que la pérdida de ingresos se compensará con los recortes del gasto. Es una muletilla que ya hemos oído antes. De hecho, Trump continúa una tradición de 45 años de presidentes republicanos que hacen grandes promesas de recortar el gasto público, algo que, dicen, compensará con creces las pérdidas de ingresos por los recortes impositivos. Desde Ronald Reagan hasta George W. Bush, y, por supuesto, Trump, todos han fracasado de manera estrepitosa.
Trump también mantiene otra tradición republicana: nombrar una comisión asesora inoperante de empresarios. En esta ocasión, se trata del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés), dirigido por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que se supone reducirá el despilfarro, el fraude y el abuso del presupuesto federal.
Según Musk, DOGE podrá recortar “por lo menos dos billones de dólares” del presupuesto al año. Este objetivo —que equivale al 31 % del gasto anual de Estados Unidos y al 7 % de su PIB— es pura fantasía.
Que la palabra “departamento” no los engañe: DOGE es una comisión asesora, no un departamento gubernamental. Y, aunque los republicanos controlan todas las ramas de gobierno, es poco probable que sus recomendaciones se lleven a la práctica; tal vez ni siquiera se conviertan en propuestas de políticas ejecutables.
Pero aun si dejamos de lado las debilidades del DOGE —para no mencionar los gigantescos conflictos éticos que sus actividades le ocasionarían a Musk, el hombre más rico del mundo—, la cifra de dos billones de dólares sigue siendo absurda.
Cuando los republicanos dicen que quieren recortar el gasto federal, por lo general especifican que no recortarán los programas obligatorios —el llamado gasto en ayuda social—.
Pero los principales programas de ayuda social —Seguridad Social, Medicare y otros programas de atención sanitaria— representaron la mitad de todo el gasto federal el año pasado, o el 61 % si se incluyen los programas de apoyo para precios agrícolas y otros programas de apoyo de ingresos.
Dado que la gente jubilada representa un porcentaje cada vez mayor de la población, en el futuro el gasto en ayuda social no hará más que aumentar.
Los pagos de intereses, que representan el 13 % del gasto total, tampoco se pueden recortar, a menos que Estados Unidos quiera incumplir con el pago de su deuda nacional. (Si bien Trump se ha regodeado en su capacidad para incumplir con el pago de deudas, habiendo declarado la quiebra de sus empresas en seis oportunidades, la mayoría de los republicanos no están interesados en que Estados Unidos lo haga).
Y también es probable que esta factura siga creciendo, ya que la deuda se refinancia a tasas de interés muy por encima de las tasas mínimas de hace 5 o 15 años.
Queda el gasto discrecional, que representa alrededor del 25 % del gasto. Pero si consideramos que el gasto de defensa es intocable —como opina la mayoría de los republicanos—, estamos hablando de apenas el 12 % del presupuesto total. ¿Trump y Musk pueden encontrar sus ahorros deseados aquí? Supongamos que se vuelven absolutamente draconianos —aboliendo directamente el Departamento de Educación, como ha prometido hacer Trump—. Eso reduciría un 4 % el gasto.
¿Entonces qué? Tal vez la ayuda externa. Pero, contrariamente a la impresión que tienen muchos votantes, la ayuda representa apenas el 1 % del gasto federal. La ayuda militar a Israel —algo que los republicanos no tocarán— representa el porcentaje más alto. Quizás a Trump le gustaría recortar la ayuda humanitaria, como el alivio de hambrunas, pero es solo una quinta parte del total.
Es difícil imaginar la abolición de la Administración Federal de Aviación y otros programas federales de transporte —el 2 % del gasto—, pero supongamos que Trump lo hace. Supongamos también que elimina todo el gasto en el Departamento del Interior (incluido el Servicio de Parques Nacionales) y el Departamento de Comercio (incluido el Servicio Meteorológico Nacional).
De hecho, imaginemos que Estados Unidos cancela todo el gasto discrecional no relacionado con la defensa. Eso seguiría sin ser suficiente para ahorrar al gobierno federal estadounidense dos billones de dólares anuales, mucho menos para pagar los recortes fiscales de Trump y equilibrar el presupuesto.
Nada de esto quiere decir que los déficits presupuestarios de Estados Unidos —que superan el 6 % del PIB— no tengan que reducirse. Dado que el ratio deuda-PIB ha venido subiendo sostenidamente desde 1981 —salpicado por descensos temporales en 1994-2000 y el 2021-22—, la deuda nacional, sin duda, está en una trayectoria insostenible.
Desde el año pasado, la relación deuda bruta-PIB ha batido el récord registrado en 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, y su aumento se acelerará.
La próxima administración de Trump —con los enormes recortes impositivos que seguramente introducirá— será un poderoso motor de esta tendencia. Los mercados financieros pueden estar alcistas, pero llegado el caso —y quizás antes de que pase mucho tiempo— van a apreciar la insostenibilidad de la deuda. En ese momento, la Seguridad Social y otros gastos en ayuda social sufrirán recortes mucho más drásticos que si se recortaran ahora, o si no se redujeran los impuestos.
Sus partidarios suelen decir que un empresario como Trump o Musk sabrá cómo poner la casa fiscal de Estados Unidos en orden, pero los que saben dicen que no tienen ni idea de lo que están haciendo.
Jeffrey Frankel, profesor de Formación y Crecimiento de Capital en la Universidad de Harvard, se desempeñó como miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton. Es socio de investigación en la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos.
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