Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió al exministro de Economía Domingo Cavallo en la causa por los sobresueldos que presuntamente se abonaron con fondos reservados de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado).
La noticia surgió luego de que el Máximo Tribunal declarara extinta la causa en la que se había condenado a Cavallo a tres años y seis meses de prisión. A través de un fallo unánime, los letrados consideraron que la investigación de la causa había violado "el plazo razonable", ya que el proceso judicial se extendió por 18 años. En consecuencia, decidió revocar la condena.
En su resolución, la Corte declaró "procedente el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Domingo Felipe Cavallo" y ordenó la "revocación de la sentencia apelada". Asimismo, determinó que la acción penal estaba extinguida por prescripción, lo que resultó en el sobreseimiento del exministro.
El fallo porta la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En su fundamentación, la Corte destacó que el tiempo transcurrido sin resolución afectó el derecho de Cavallo a ser juzgado en un plazo razonable, lo cual es un principio fundamental del debido proceso.
La causa investigaba la presunta sustracción sistemática de fondos públicos entre 1989 y 1999. Según la acusación, altos funcionarios de la gestión de Carlos Menem recibieron pagos adicionales a sus salarios, mediante sumas de dinero provenientes de partidas de fondos reservados.
Estos fondos, que estaban destinados exclusivamente a las actividades relacionadas con la defensa y la seguridad del Estado, fueron asignados bajo el concepto de gastos protocolares, compensaciones y sobresueldos.
En este mismo expediente también fue condenado el expresidente Menem a una pena de 4 años de prisión. Sin embargo, con su fallecimiento, la acción penal en su contra se declaró extinguida, como corresponde en estos casos.
Este fallo de la Corte Suprema cierra un largo proceso judicial que comenzó a finales de la década de 1990 y marca el final de una causa que involucró a varios de los principales actores políticos de la época, incluidos Cavallo y Menem, con repercusiones tanto en el ámbito político como en el judicial.
