Después de un largo mes de juicio, el tribunal popular permanece desde el lunes encerrado, bajo custodia policial, deliberando sobre la responsabilidad de los cinco investigados en la paliza salvaje que la madrugada del 3 de julio de 2021 acabó con la vida de Samuel Luiz. El objeto del veredicto lo conforman un centenar de preguntas, que recogen una cincuentena de hechos que los nueve miembros del jurado deberán decidir si han quedado acreditados o no. Pero, en realidad, la suerte de los cinco investigados por un crimen que aquel verano sacudió a España entera se jugará en unas pocas cuestiones. Esa es la verdadera batalla de las defensas para librar a sus clientes de penas de prisión que superan las dos décadas de cárcel. Según ha podido saber ABC, el primer bloque del objeto del veredicto es común para los cinco investigados. Son preguntas relacionadas, sobre todo, con dos aspectos: la causa de la muerte de Samuel Luiz, redactada con un lenguaje técnico, en la línea de lo que concluyó la autopsia; y otra serie de cuestiones sobre las circunstancias de la familia de la víctima, claves para determinar las indemnizaciones a percibir -responsabilidad civil- por la muerte violenta de su hijo. Fuentes consultadas por este diario dan por hecho que esos primeros enunciados se darán por probados por unanimidad. Después de ese bloque común, el objeto de veredicto sobre el que estos días reflexiona el tribunal popular recoge cuestiones específicas sobre la participación de cada uno de los acusados. Son más o menos una quincena de preguntas por cabeza y tienen una estructura similar para todos: se empieza preguntando, en cada caso, cuál fue la manera en la que se fueron incorporando a la agresión , ocurrida en el paseo marítimo de La Coruña, cerca de Riazor. Diego Montaña inició la agresión a Samuel Luiz cuando creyó, equivocadamente, que la víctima y una amiga le estaban grabando con el teléfono. Con Montaña estaba Catherine Silva, su entonces pareja. Al linchamiento pronto se incorporó Alejandro Freire, alias 'Llumba'. Luego, en diversas fases, aparecieron Kaio Amaral, Alejandro Míguez y otros dos jóvenes que ya fueron juzgados y condenados en otro proceso al margen porque entonces eran menores. Sobre esa entrada en escena de cada acusado se pregunta también al jurado. Y es en ese bloque particular de cada encausado donde se libra la verdadera batalla de las defensas, con preguntas que los abogados pelearon para que entraran a formar parte el objeto del veredicto y buscar así una escapatoria para sus clientes. En el caso de Kaio Amaral y de Alejandro Míguez, que niegan si quiera haber tocado a la víctima, las preguntas van en esa línea. Es decir, si hay pruebas para concluir que agredieron a Samuel. A Catherine, en cambio, se le señala por intentar que la amiga de Samuel no pudiera auxiliarle. Para las defensas de Diego Montaña y Llumba la guerra es distinta . Ambos reconocieron haber participado en la agresión de una manera u otra, pero limitan su papel a los primeros compases del linchamiento. En el caso de Montaña, golpeándole sólo al principio, y en el de Llumba alegando que lo único que hizo fue tirar a Samuel al suelo agarrándolo del cuello por detrás. Para ambos será clave la respuesta que el jurado de a la cuestión de si tenían intención de matar. Tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular señalan a los cinco por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Por eso, el objeto del veredicto se refiere a ello. No se pregunta a los jurados, con esas palabras, si hubo alevosía y ensañamiento. Pero sí deberán responder a una serie de hechos para que, en base a ese criterio, la presidenta magistrada del tribunal, Elena Fernanda Pastor Novo, lo traduzca a lenguaje jurídico en su sentencia. Ahí estaría la diferencia entre homicidio y el asesinato. También tendrá importancia cómo los jurados se posicionen en el bloque relativo a las circunstancias agravantes y atenuantes. Tanto Montaña como Llumba aseguraron que estaban completamente borrachos en el momento de los hechos, y eso podría rebajar ligeramente la pena en caso de condena. En el caso de Llumba, además, su abogado puso sobre la mesa posibles trastornos psíquicos de su cliente. Cabe recordar que para dar un hecho por probado se necesita el voto afirmativo de siete de los nueve miembros del jurado. Para considerarlo no probado son suficientes cinco votos. Los cinco procesados por matar a Samuel Luiz se enfrentan a penas de entre 22 y 27 años de cárcel.
