Un grupo de 21 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial salió en defensa del magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, mientras la jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce, lo instó a renunciar a su inmunidad para que ella pueda denunciarlo por una supuesta agresión.
El próximo lunes 2 de setiembre, la Asamblea Legislativa someterá a votación la reelección del magistrado. En la semana previa, la jueza Arce afirmó haber sufrido un “acto obsceno” no consentido de parte de Sánchez cuando ella era jueza interina en el año 2000.
Debido a la denuncia pública, el magistrado presentó una querella por difamación contra la funcionaria judicial y el abogado Mario Rucavado, quien fue el primero en dar a conocer lo dicho por la jueza.
Al respecto, Silvia Elena Arce declaró: “Es hecho público que fui denunciada, ante un tribunal penal, por el funcionario judicial Porfirio Sánchez Rodríguez. Quiero asegurarle al pueblo, al que juré servir, que la oportunidad de acudir a los Tribunales de Justicia a hablar con la verdad y demostrarla me parece magnífica. Propongo públicamente al funcionario judicial Sánchez Rodríguez que renuncie de inmediato a su inmunidad y a la prescripción, para que yo lo pueda denunciar por la agresión que cometió contra mí en el año 2000″.
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Por otro lado, un grupo de 21 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial manifestó su apoyo al magistrado en un documento firmado, donde lo describen como “un hombre íntegro” con una carrera “intachable”.
Los firmantes cuestionaron la denuncia de la jueza Arce, la cual calificaron como “acusaciones sin sustento” para tratar de impedir la reelección del magistrado.
“Durante más de 30 años, don Luis Porfirio ha desempeñado sus funciones con rectitud y dedicación, y nunca, en todo este tiempo, ha sido objeto de reproches en lo personal o profesional. Nos sorprende y preocupa que, justo ahora, en el marco de su reelección, surjan estas imputaciones. Este tipo de actos no solo afectan en lo personal al servidor involucrado, sino que se advierte como un ataque a la institucionalidad. No encontramos otra explicación a lo que sucede más que el deseo deliberado de causar daño”, indica el documento.
Entre el grupo de personas que respaldaron al magistrado están juezas, abogados, letrados y técnicas judiciales.
“Guardar silencio sería para nosotros un acto de complicidad ante una injusticia que atenta contra los valores y principios que han guiado nuestra vida profesional. Rechazamos categóricamente estas imputaciones, las cuales consideramos maliciosas y carentes de verdad”, agrega la misiva.
Por su parte, la jueza Arce subrayó la importancia de que los ciudadanos conozcan la verdad sobre quienes ocupan cargos tan relevantes en el Poder Judicial, para los cuales se requiere la más alta idoneidad ética y moral.
“Con base en mi experiencia y conocimiento, puedo afirmar que ninguno de estos requisitos los cumple el señor Sánchez Rodríguez. Es indignante e injusto que se mantenga en su puesto a un empleado público que tiene un pésimo desempeño, que ha mantenido por años patrones de conducta irrespetuosos de derechos humanos y que ha cometido agresiones injustificables contra mujeres. Tengo mi conciencia tranquila y confío en que, pese al poder que actualmente ostenta el magistrado Sánchez, los Tribunales de Justicia cumplirán con su labor de manera independiente”, agregó.
