Estados Unidos anunció este viernes más sanciones contra casi 400 personas y entidades en Rusia y en otros países vinculadas a la guerra en Ucrania.
Las medidas anunciadas por tres departamentos, el del Tesoro, de Estado y de Comercio, se suman a otras sanciones impuestas a Rusia por haber invadido Ucrania.
"Rusia ha convertido su economía en una herramienta al servicio del complejo militar-industrial del Kremlin", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado.
"Las acciones del Tesoro de hoy continúan implementando los compromisos asumidos por el presidente (Joe) Biden y sus homólogos del G7 para interrumpir las cadenas de suministro y los canales de pago de la base militar-industrial de Rusia", agregó.
Las sanciones apuntan a casi 400 personas y entidades "cuyos productos y servicios permiten a Rusia sostener su esfuerzo bélico y evadir las sanciones", según un comunicado.
Entre los sancionados se encuentran 60 empresas de defensa y tecnología con sede en Rusia "fundamentales para el sostenimiento y desarrollo de la industria de defensa de Rusia", agregó el Tesoro.
El Departamento de Estado tiene en el punto de mira a Arctic LNG-2, un proyecto de terminal de gas natural licuado cuyo objetivo declarado es producir cerca de 20 millones de toneladas al año, así como la terminal prevista en Yakutia, en el extremo oriental de Rusia, que se espera que produzca cerca de 18 millones de toneladas al año.
Alrededor de un centenar de las personas señaladas están radicadas fuera de Rusia, principalmente en China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza, y se les acusa de ayudar a Rusia y a sus empresas a eludir las sanciones ya vigentes desde el inicio del conflicto en Ucrania.
El Departamento de Estado también tiene intención de centrarse más en las empresas chinas objeto de las sanciones, una quincena de las cuales están acusadas de seguir suministrando componentes a la industria rusa.
También se ven afectados varios institutos de investigación en Rusia, como el del ministerio de Defensa.
Estas medidas implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.
Los sancionados tampoco podrán entrar a Estados Unidos.
