La Asamblea Legislativa abrió este lunes una investigación contra la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, luego de recibir un oficio de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en donde se comunica el ingreso de una denuncia de carácter confidencial contra la funcionaria.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, ordenó la apertura de una comisión para que estudie el contenido y, en el plazo de 15 días hábiles, rinda un informe al plenario del Congreso, con una recomendación.
Por tratarse de una denuncia anónima, no se dieron a conocer las causas de la apertura de la investigación contra Cruickshank.
De hecho, cuando Arias anunció la apertura de ese proceso, el Frente Amplio (FA) solicitó un receso para conocer el asunto y tomar una posición, pero el jerarca legislativo negó la pausa, pues la ley le traslada a la presidencia legislativa la potestad y responsabilidad de abrir una investigación contra la defensora, cuando haya una denuncia en su contra, y no se trata de una decisión que esté en manos del pleno de los diputados.
Tal como lo ordena el Reglamento del Congreso, ese tipo de comisiones deben estar integradas por tres, cinco o siete congresistas. Para este caso, Arias designó a Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN); a Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y la independiente Gloria Navas.
Por su parte, Cruickshank declaró a La Nación: “No he sido notificada del caso, por lo que no podría dar una declaración responsable sobre el tema”.
La Ley orgánica de la Defensoría de los Habitantes (7319) establece como una causa de cese de la persona defensora el incurrir en “negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo”.
Esa misma ley establece que es la Asamblea Legislativa, como superior jerárquico de la Defensoría, el órgano encargado de estudiar la denuncia y determinar si corresponde o no la destitución de la jerarca denunciada.
