El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el último 13 de agosto un proyecto de ley que propone que los directivos y fundadores de los partidos políticos no registren condena por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito.
El proyecto de ley también busca que los directivos de los partidos continúen presentando una declaración jurada en donde manifiesten su compromiso con la democrática, el respeto irrestricto al Estado de derecho y a las libertades y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.
También, el JNE propone que se suspenda la participación de un partido político en el proceso electoral actual o en el próximo si se descubre que uno de sus fundadores o directivos ha sido condenado por alguno de los delitos mencionados y no ha sido removido de su cargo.
De acuerdo con la JNE, fundar, organizar, pertenecer o representar una organización política no sería un derecho absoluto, por lo que puede estar sujeto a limitaciones, siempre y cuando su reglamentación se encuentre dentro de la legalidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.
En esa línea, argumenta que los ciudadanos fundadores de las organizaciones políticas, deben ser personas idóneas, sin condenas a pena privativa de la libertad. Este criterio también alcanzaría a los directivos de los partidos, quienes son los encargados de dirigir y encaminar las políticas partidarias de los partidos políticos y movimientos regionales.
