El pasado lunes 22 de julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2385 del 22 de julio de 2024, que prohíbe la realización de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia. La legislación, que busca una transformación cultural, también proscribe los métodos utilizados en estos espectáculos, argumentando que socavan la integridad de formas de vida no humanas.
El presidente Petro quiso aprovechar la firma de la Ley antitaurina para organizar un evento en la plaza de toros Santamaría, en Bogotá, que le devolviera algo de la popularidad perdida justo el fin de semana anterior, cuando se instaló la nueva legislatura, el sábado 20 de julio, entre múltiples críticas a su Gobierno, incluso varias de partidos afines a su mantado. Sin embargo, el acto organizado con el fin de convertirse en una fiesta abierta al público, contó con una asistencia que apenas rondó las 300 personas, en un recinto que en días de toros abarrotaba sus 12.000 localidades.
En respuesta a la sanción de la Ley, el sector taurino colombiano, representado por el congresista Christian Garcés, presentó una demanda ante la Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad de la norma. Garcés argumenta que la Ley vulnera libertades y derechos reconocidos en la Constitución Política y atenta contra los derechos fundamentales de miles de colombianos, además de señalar vicios en el trámite legislativo.
Como medida provisional, Garcés ha solicitado la suspensión de la vigencia de la Ley mientras la Corte decide sobre su inconstitucionalidad. Esta acción podría permitir la continuación de la actividad taurina en el país en el corto plazo, mientras se resuelve el debate legal de fondo.
