Con la formalización de dos nuevas investigaciones preparatorias, por parte del Ministerio Público, relacionadas con las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, el gobierno de Dina Boluarte ya suman un total de 20 investigaciones en esta etapa procesal.
Las recientes investigaciones se centran en incidentes ocurridos en las regiones de Puno y Apurímac. En Puno, se investiga al comandante de la Policía Nacional, Segundo Martín Ocampo Aguirre, por lesiones graves y leves, así como por abuso de autoridad, tras los hechos sucedidos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac en Juliaca, donde cuatro personas resultaron heridas.
Mientras que en Apurímac, la investigación se refiere a los sucesos del 12 de diciembre de 2022, en la Comisaría de Chincheros, donde un menor falleció y dos personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre manifestantes y policías. Los implicados en este caso incluyen al excomandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, y a otros altos mandos policiales.
A la fecha, ya son 20 las investigaciones preparatorias que involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y del Ejército, relacionados con las muertes y lesiones de 274 ciudadanos en diversas regiones del país, incluyendo Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho.
Por su lado, en su discurso por el 51° aniversario de la Asociación de Exportadores (ADEX), Boluarte destacó los desafíos que su gobierno enfrentó desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022. Mencionó que tuvo que lidiar con alrededor de 500 manifestaciones, todas ellas violentas, y reafirmó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho.
"Nuevamente, nuestro país ha venido entre tropiezos y avances. Solo aquel 7 de diciembre, cuando asumí el gobierno, está demás que les diga, porque todos fueron testigos de la situación en la que nosotros recibimos el país y nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas", señaló la mandataria Boluarte.
Sin embargo, hasta el momento no brindado declaraciones específicas sobre las investigaciones formales de la Fiscalía sobre las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas.
Paralelamente, Amnistía Internacional ha publicado un informe que sugiere que Boluarte podría ser considerada como autora mediata de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. El documento señala que la presidenta se reunió en varias ocasiones con jefes militares y policiales en diciembre de 2022, sin tomar medidas para frenar las tácticas represivas utilizadas.
"La mandataria tomó estas decisiones a pesar de que el director nacional de Inteligencia, quien coordinaba todos los servicios de inteligencia a nivel nacional, se había reunido antes con ella para informarle que las protestas no tenían vínculos criminales y que no veía necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas", se lee en el informe.
Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional, afirmó que las acciones de Boluarte podrían ser comparadas con las de exdictadores, debido a su falta de intervención para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. El informe destaca patrones de intimidación estatal y el uso permisivo de la fuerza letal durante las protestas.
