La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio ha logrado transferir la titularidad de la Hacienda Cazaderos, anteriormente en manos del Clan Orellana, al Estado. Este inmueble, situado en el distrito de San Jacinto, provincia de Contraalmirante Villar, en la región de Tumbes, abarca 21,756.374 hectáreas y está valorado en S/136,637,080.95. El 16 de julio pasado, el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima, a cargo del juez Juan Antonio Rosas Castañeda, emitió la sentencia favorable al Estado.
Según informó la Procuraduría General del Estado a través de sus redes sociales, la transferencia fue posible gracias al trabajo conjunto de la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio de la PGE y la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio. La Hacienda Cazaderos fue adquirida de manera ilícita por la empresa fachada "ABC Group For Human Development S.A.C.", dirigida por el abogado Rodolfo Orellana.
Orellana es sindicado de liderar una organización criminal dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles. Según la Procuraduría, este bien constituye una ganancia de la actividad ilícita de lavado de activos ejecutada por el Clan Orellana, financiada con dinero obtenido de la venta del inmueble conocido como "Caso Shell".
El Poder Judicial condenó en primera instancia a Rodolfo Orellana Rengifo a seis años de prisión y al juez Jesús Maicol Asencios Solís a catorce años por el delito de cohecho activo específico. Esta sentencia es resultado de la acusación presentada por la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, dirigida por la fiscal superior Nelly Castro Olaechea.
Según la acusación de la Fiscalía, Orellana recurrió a Jesús Maicol Asencios Solís, entonces juez de investigación preparatoria de Huaura, para sobornar al fiscal Luis Arellano Martínez. La intención de Orellana era obtener beneficios en la investigación por lavado de activos que se seguía en su contra.
La sentencia confirmó que Rodolfo Orellana pagó un total de US$20,000 para sobornar al fiscal Arellano Martínez y evitar así las pesquisas en su contra. Este caso subraya la lucha contra la corrupción y el compromiso de las autoridades judiciales para sancionar estos delitos.
