Amnistía Internacional aseguró en su último informe que la presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones a los derechos humanos durante las muertes ocurridas en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Este informe de casi 90 páginas desglosa de forma minuciosa estos hechos ocurridos y la responsabilidad de la cadena de mando por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El movimiento global resalta el marcado sesgo racista en las tácticas represivas de las fuerzas de seguridad de Dina Boluarte contra los ciudadanos de las diferentes regiones de nuestro país.
El resumen ejecutivo de dicho informe de Amnistía Internacional concluye que los mandos policiales dieron órdenes con consecuencias letales, donde dispararon contra personas indefensas. En esa misma línea, durante meses, la presidenta Dina Boluarte tuvo la oportunidad de detener la masacre que se estaba perpetrando, pero no lo hizo.
El primer hallazgo clave fue que la planificación realizada por la Policía Nacional del Perú (PNP) para las operaciones durante las protestas influyó directamente en las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron. Se analizaron planes y órdenes de operaciones a nivel nacional y regional, donde se identificó que estas tenían un enfoque de los manifestantes como "fuerzas adversas" y "delincuentes" vinculados a grupos "terroristas", sin evidencia que respaldara estas afirmaciones.
Además, se autorizó el uso de fuerza letal de manera contraria a las normas internacionales y la legislación peruana sobre el uso de la fuerza. La respuesta policial incluyó "fusileros" y grupos con armas letales bajo el mando de oficiales. Se establece una conexión directa con los altos mandos de la PNP en Lima, quienes tenían la capacidad de modificar las operaciones en tiempo real.
El segundo hallazgo aborda la responsabilidad de los comandantes de las Fuerzas Armadas del Perú en operaciones específicas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022. Destaca que la cadena de mando llegaba hasta el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien tenía comunicación constante con el jefe de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho.
"A pesar de los llamados para un cese al fuego por parte de la Defensoría del Pueblo, el ejército continuó usando la fuerza de manera indiscriminada durante siete horas, afectando a civiles, incluidos niños y transeúntes. Las fuerzas armadas dispararon al menos 1,200 cartuchos ese día, basados en 'órdenes verbales'. El informe señala que la lógica de combate contra 'grupos hostiles' permeó las operaciones, lo que sugiere una grave falta de responsabilidad en el manejo de las fuerzas durante las protestas."
El informe indica que, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Dina Boluarte tenía la capacidad de dirigir las acciones de los ministros de Defensa e Interior, quienes a su vez eran responsables de estas fuerzas. A pesar de las evidencias de violaciones de derechos humanos, incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales y un uso excesivo de la fuerza, no hubo acciones significativas para detener estas prácticas ni para responsabilizar a los implicados.
Además, indica que, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Dina Boluarte tenía la capacidad de dirigir las acciones de los ministros de Defensa e Interior, quienes a su vez son responsables de estas fuerzas. A pesar de las evidencias de violaciones de derechos humanos, incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales y un uso excesivo de la fuerza, no hubo acciones relevantes para detener estas prácticas ni para responsabilizar a los implicados.
Este punto concluye la responsabilidad de los ministros de Estado, en particular del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el ministro de Defensa y el ministro del Interior de aquel momento. El informe señala que estos ministros tuvieron un papel clave en cómo se manejaron las fuerzas de seguridad durante las protestas y son colectivamente responsables por las acciones delictivas o violaciones a la Constitución que ocurrieron bajo su supervisión.
El informe destaca que estos ministros fallaron en asegurar la rendición de cuentas de los oficiales de alto rango en la Policía Nacional del Perú y en las Fuerzas Armadas. A pesar de las evidencias de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales, los ministros no tomaron medidas efectivas para investigar, sancionar o prevenir futuros abusos. En cambio, a menudo calificaron a las fuerzas de seguridad como "héroes", ignorando o minimizando las denuncias en contra de sus operaciones.
Finalmente este punto critica que, a pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía no ha profundizado suficientemente en la responsabilidad de los altos mandos militares y policiales. Hasta la fecha del informe, no se habían presentado acusaciones penales contra altos funcionarios públicos, policías o militares implicados en los actos violentos y las muertes durante las protestas.
El informe destaca que, aunque se han realizado numerosas diligencias e interrogatorios y hay una cantidad significativa de policías y militares incluidos en las carpetas de investigación, las acciones de la Fiscalía han sido lentas y parciales. Esto sugiere que todavía hay un largo camino por recorrer para asegurar una investigación completa que incluya a todos los niveles de la cadena de mando.
