Si mañana ocurriera una tragedia de la que fuera responsable una entidad comercial o una organización social, el Gobierno de turno podría aprobar ayudas suplementarias para las víctimas, pero nunca obligar a los responsables penales de la catástrofe a indemnizar o resolver el siniestro conforme al criterio político del Consejo de Ministros. Esa potestad es de los tribunales, o de un acuerdo privado entre las partes, o de una reparación voluntaria como la que promueve la Iglesia con respecto a los casos de pederastia. Si el Gobierno sigue entrometiéndose en este asunto, que tanta publicidad gratis le reporta, necesitará de una mayoría parlamentaria y después que los jueces avalen que no está atropellando el orden legal. Por eso no lo...
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