Vox pide tres años y medio de cárcel para la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra , procesada por la gestión que la Generalitat hizo de los abusos sexuales a una menor tutelada en 2017 por parte de su entonces marido. Luis Ramírez Icardi, educador en un centro de acogida, cumple condena por estos hechos. Además, el partido reclama también a Oltra catorce años de inhabilitación para empleo o cargo público, con la agravante de prevalerse de su posición. Todo ello como supuesta «inductora» de los delitos de prevaricación administrativa, abandono de menores, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento. Por estos tres últimos pide la misma pena de cárcel y dos años de inhabilitación para Isabel Serra, exdirectora territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia. La formación política, que ejerce la acusación popular en una causa en la que también está personada la asociación de Cristina Seguí, solicita así la misma pena de cárcel para quien fuera dirigente de Compromís que la defensa de la víctima, representada por el abogado y líder de España 2000. No obstante, mientras la joven presenta cargos contra diez de los dieciséis imputados, el escrito de acusación de Vox, al que ha tenido acceso ABC, se dirige a Oltra y otras cuatro mujeres -como «autores materiales directos» - que ocupaban diferentes puestos en Igualdad cuando sucedieron los hechos. El partido de Santiago Abascal pide doce años de inhabilitación por prevaricación administrativa para Rosa Molero y Gemma Plaza, exdirectora y exsubdirectora general de Infancia y Adolescencia, respectivamente; así como para M. J. N., funcionaria de la Conselleria sin ningún cargo. El titular de Instrucción número 15 decidió archivar provisionalmente las causa tras más de dos años de investigación , pero la Audiencia de Valencia ordenó reabrirla ante los recursos presentados, obligando al juez a procesar a los dieciséis imputados. En sus conclusiones provisionales, en las que se interesa la apertura de juicio oral , Vox sigue poniendo el foco en la existencia de un supuesto concierto en el departamento autonómico para que los abusos de Icardi no salieran a la luz. Nadie denunció lo ocurrido, aseveran, colocando a la joven «en una situación de riesgo, al estar el autor de los abusos sexuales reincorporado al puesto de trabajo que ostentaba en el centro de acogida«. La menor, que entonces tenía 14 años, relató lo ocurrido por primera vez en febrero de 2017, pero no se dio credibilidad a su testimonio. En junio, lo reiteró ante dos policías que dieron traslado a la Fiscalía. El 6 de julio, el Ministerio Público requirió a Isabel Serra un informe de los hechos. El 4 de agosto, el educador condenado recibió en su casa la notificación judicial ante la orden de alejamiento dictada por un juez. Es en este punto cuando Mónica Oltra conoce los hechos, según ha defendido en todo momento. Cuatro días después, la subdirectora Gemma Plaza -en ausencia de Rosa Molero- solicita a Serra la apertura de un expediente informativo . Este extremo sustenta gran parte de la acusación. La directora territorial dicta una resolución el 21 de agosto acordando iniciar el mismo y designa como instructora a la funcionaria procesada, «quien concluye que la menor no tiene credibilidad» en un informe fechado en noviembre. «Una vez que estaba el asunto ya judicializado, con la finalidad de determinar la falta de credibilidad de la menor, se le realiza una entrevista y una prueba pericial, todo con el ánimo de desacreditar su versión o influir en su ánimo acusador. Es decir, se habría dictado una resolución -relativa al expediente: incoación del mismo, informes, desarrollo de éste…- utilizando fondos públicos con fines particulares, siendo la finalidad del expediente liberar de responsabilidad a la Generalitat y los acusados», apuntan en su escrito los representantes legales de Vox.
