La presidenta peruana, Dina Boluarte, evitó este lunes responder si sancionará una polémica ley aprobada por el Congreso que limita la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió dejar sin efecto.
«Todavía no ha llegado al Ejecutivo (la ley), así que esperemos en el plazo correspondiente que llegue, los sectores correspondientes lo revisarán y nosotros estaremos atendiendo en esta mirada», dijo Boluarte en una rueda de prensa con medios nacionales.
La mandataria evitó referirse posteriormente al caso, pese la polémica que se ha generado al respecto.
La norma aprobada por el Congreso plantea impedir que se procese en Perú a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, por lo que, según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
La Corte IDH había requerido el martes pasado al Estado peruano que «tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú».
También ordenó a Perú que, a más tardar, el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esa orden.
La semana pasada, el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se declaró “absolutamente indignado” ante la resolución de dicho tribunal.
«Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte IDH, que decide, de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, dijo en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.
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