El Gobierno contraprogramará hoy a la Iglesia española llevando al Consejo de Ministros un real decreto que busca salir al rescate de las víctimas de violencia sexual. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció ayer esta medida ante las siete asociaciones de víctimas de abuso que asistieron a una reunión organizada contra reloj, en la víspera de que la Conferencia Episcopal Española apruebe su plan de reparación integral para los casos prescritos o con el abusador fallecido. Así lo ha podido confirmar LA RAZÓN, de boca de los portavoces de algunas de estas entidades.
Es decir, mientras los obispos y los religiosos debaten y comparecen ante los medios para detallar su hoja de ruta antiabusos, Moncloa también dará luz verde y explicará públicamente su estrategia para poner coto a las agresiones sexuales. Eso sí, este real decreto del Ejecutivo de coalición no está vinculado a las víctimas de la Iglesia, puesto que ya se esbozó un plan específico en abril que, hasta la fecha no se ha aterrizado.
En total, siete asociaciones –dentro de un colectivo más amplio diverso y fragmentado– respondieron ayer a la llamada de urgencia para informarles de cuáles son los planes del Gobierno en materia de justicia restaurativa para las víctimas de la pederastia eclesial. Y, sobre todo, para deslegitimar el plan que hoy tienen previsto avalar tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia Española de Religiosos (Confer). Desde la Sala de la Constitución del Complejo de la Moncloa y arropado por el subsecretario, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, Bolaños tiró por tierra el planteamiento eclesial en tanto que, según recoge la nota de prensa del encuentro, busca «establecer un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo». Frente a ello, el ministro propone un órgano mixto entre Iglesia y Estado que «actúe con criterios transparentes». «El Gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto y que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo», se explicita en el comunicado. Bolaños llegó a decir: «El Gobierno estará a vuestro lado».
Desde la Conferencia Episcopal desmienten a LA RAZÓN las afirmaciones del ministro. Por un lado, niegan que no se haya informado al Gobierno de su plan de reparación y se remiten tanto a la cita mantenida en abril con el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Luis Argüello, como a la reunión de un equipo técnico designado por Moncloa y por la Iglesia que tuvo lugar a comienzos de junio. De la misma manera, fuentes del Episcopado desmontan que el plan se haya realizado al margen del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo: «Se recogen gran parte de sus recomendaciones y a él se le ha informado también de los pasos que hemos dado». Además, defienden que en la comisión de expertos que baremará de forma personalizada sí habrá presencia de las víctimas, con voz pero sin voto: «Se las invitará cuando sea preciso». Por último, sobre el carácter no vinculante del dictamen de la comisión, apostillan que «ni la Conferencia Episcopal ni Confer tienen autoridad coercitiva sobre los obispos y los superiores mayores, pero se da por hecho que si el plan se respalda de forma unánime, también se aceptarán las resoluciones que adopten los expertos».
«Esta crisis se está abordando mal desde el principio. Ni la Iglesia ni el Gobierno tienen razón, se están peleando como niños pequeños para ver quién se lleva el gato al agua. Ninguno está poniendo de verdad a las víctimas en el centro. Nos están utilizando», sentencia Manuel Barbero tras el encuentro con Bolaños. Presidente y fundador de la asociación Mans Petites, que fue pionero en forjar, de la mano de los hermanos maristas, un plan de reparación para víctimas, expone a este diario que «el diálogo no tiene que ser entre el Gobierno y la Iglesia o viceversa, sino de la Iglesia con las víctimas. El Estado ha de funcionar como mero observador y mediador, y no puede obligar por decreto que se cree una comisión para las víctimas de la Iglesia sin contar con la Iglesia», asegura.
Desde la experiencia que acumula, afirma no tener «fórmulas secretas que salen de una chistera», pero sí unas orientaciones clave: «La discreción y la lealtad son la base para crear un clima de confianza, si verdaderamente se quiere acompañar a las víctimas». Además, Barbero hace hincapié en que «las indemnizaciones económicas son importantes, pero una verdadera reparación para una víctima es saber que se le reconoce como tal, que se le pide perdón de verdad».
Juan Cuatrecasas, que está al frente de Infancia Robada, sí muestra «plena sintonía con el planteamiento de Bolaños». «Ya le pedimos a Argüello la presencia de una institución pública en la comisión de expertos y no nos ha hecho caso. Además, el hecho de que no sea vinculante es un globo pinchado», comenta.
En esta misma línea, señala además que resulta «revictimizador reunirse tantas veces con los obispos, que no actúen y que sigan defendiendo el deleznable informe ‘Para dar luz’».
