Con 96 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la República aprobó hoy la incorporación del delito de terrorismo urbano en el Código Penal. La medida busca fortalecer las medidas de seguridad en las ciudades ante el incremento de actos violentos en zonas urbanas.
Según la propuesta legislativa, el terrorismo urbano será tipificado como "aquellos actos que, mediante el uso de la violencia o la intimidación, busquen sembrar el miedo en la población y desestabilizar el orden público". Este nuevo delito tendrá penas que se encuentran entre los 15 y 25 años de prisión.
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El presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Pérez Ochoa, destacó la importancia de esta ley: “Es fundamental que el Estado tenga herramientas legales para combatir eficazmente este tipo de amenazas. La seguridad de nuestros ciudadanos es prioritaria”, dijo para resaltar la propuesta.
El terrorismo urbano se define como actos que utilizan la violencia o la intimidación para sembrar miedo en la población y desestabilizar el orden público en áreas urbanas. La pena sería de entre 15 a 25 años de prisión y busca fortalecer las medidas de seguridad ante el incremento de actos violentos en zonas urbanas y proteger a los ciudadanos.
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Según lo aseguraron los parlamentarios, las penas para el delito de terrorismo urbano varían de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. Sin embargo, se conoció que el promedio de prisión para los infractores va desde los 15 años hasta los 25 años de cárcel.
Según Carlos Caro, abogado penalista, la propuesta del Congreso solo les daría más problemas a los jueces al momento de dictar sentencia en contra de un delincuente, ya que no se tendría claro el delito que se impugnaría. “Es un saludo a la bandera que genera peligro al usarse de manera errónea. El nombre es incorrecto y los jueces no podrán identificar el delito”, explicó el especialista.
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La iniciativa fue respaldada por diversos sectores políticos y sociales, incluyendo al Ministerio del Interior y varios congresistas del Parlamento. Asimismo, si bien algunos congresistas argumentaron que la definición del delito es amplia y podría dar lugar a abusos, la mayoría apoyó la medida.
