El Plan de Recuperación y sus inversiones milmillonarias financiadas a través de los fondos del programa Next Generation iban a convertirse en el principal instrumento para la transformación de España a través de un plan de reformas estructural cimentado en la inyección de más de 163.000 millones en la economía española, 79.000 millones en ayudas a fondo perdido y 84.000 millones en concepto de créditos blandos. España fue uno de los primeros países en implementar la petición de estos fondos, pero se ha quedado atrás. Tras un inicio esperanzador, el ritmo de ejecución «no está siendo ágil», ya que pese a que en julio de 2022 ya se habían puesto en marcha fondos equivalentes al 46,3% del total de los más de 69.000 millones contemplados en el plan, su grado de ejecución –es decir, los pagos a los destinatarios finales de las ayudas o a las empresas ejecutoras de las inversiones licitadas– apenas ha llegado al 20%, mientras que países homólogos europeos ya estarían en torno al 50%.
Así lo ha constatado el Instituto Juan de Mariana en su último informe titulado «El fiasco de los fondos europeos», que confirma que en el primer trienio de ejecución las autorizaciones han ido a menos, desde el 91,4% en 2021, hasta el 88,3% en 2022 y el 79,2% en 2023, lo que a su vez se traduce en un descenso de los fondos comprometidos (86,7% en 2021, 76% en 2022 y 65,5% en 2023) y en una caída de las obligaciones reconocidas (82,8% en 2021, 68,9% en 2022 y 57,3% en 2023). Una situación similar respecto a los pagos realizados, que han pasado del 45,5% en 2021, al 39,6% en 2022 y al 27,3% en 2023. Y lo peor es que a la economía real «apenas han llegado 20.000 millones, un 75% menos de lo esperado».
Y las ratios para los cuatro primeros meses de 2024 confirman que «la tendencia va a peor». Los expertos del Instituto confirman la inejecución de los fondos del mecanismo de recuperación, al arrastrar al Presupuesto de 2024 10.455 millones de euros mediante incorporaciones de créditos que fueron autorizados en ejercicios anteriores, «pero que el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar».
Según sus datos, desgranados sobre cifras oficiales –de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), de la Comisión Europea y de fuentes ministeriales–, el grueso de los fondos europeos han ido a parar al propio sector público. Entre los principales receptores de estos recursos, el 80% han sido instancias del Estado y menos de un 20% se ha asignado a empresas privadas. Pero el informe va aún más lejos y estima que, frente a un presupuesto de más de 79.000 millones comprometidos en ayudas a fondo perdido, el Gobierno ha planteado ya que 37.000 millones de estos fondos se diluyan entre «gastos estructurales, desembolsos corrientes, subsidios y subvenciones», entre otro maremágnum de gastos burocráticos.
En concreto, el propio Gobierno ha reconocido en su Plan Presupuestario de 2024 que, entre 2021 y 2023, ha empleado más de 9.000 millones de euros para financiar transferencias sociales, subvenciones y gastos corrientes, lo que «introduce riesgos fiscales, puesto que los recursos que hoy están financiando estos gastos desaparecerán cuando se acaben los fondos europeos, obligando a aprobar nuevas subidas de impuestos si se pretende mantener tales epígrafes presupuestarios», advierte el informe.
El fiasco que denuncia el Instituto radica en el «muy reducido papel» que están jugando las empresas en la gestión de estos recursos. Tan sólo el 13,6% del tejido empresarial español ha podido acceder a estas partidas presupuestarias. Según el listado que desglosa los 100 mayores beneficiarios de los fondos se comprueba que las empresas apenas reciben el 20% de los 5.660 millones repartidos. En cambio, el 80%
–unos 4.415 millones– ha ido a parar a distintas instancias del Estado. De los 35.944 millones que el Gobierno debería haber inyectado en la economía, los pagos finalmente realizados apenas habrían alcanzado los 9.822 millones, es decir, el 27,3% del total. «Pero esto no significa que esos 9.822 millones hayan llegado a empresas y familias, puesto que buena parte de estos recursos han sido entregados a otras instancias públicas, consolidando así la tela de araña burocrática que ha tejido el Ejecutivo». En 2023, los ministerios de Exteriores, Economía, Sanidad, Derechos Sociales, Ciencia, Inclusión, Agricultura, Transporte y Política Territorial presentaron ratios de pagos realizados inferiores al 30%, mientras que las carteras de Economía, Interior, Turismo, Trabajo y Cultura y Deporte no llegaron ni al 40%.
El informe critica también que las convocatorias planteadas resultan de «muy difícil» acceso para las pymes, de modo que los pocos fondos europeos que están llegando al tejido productivo «están quedando esencialmente en manos de grandes empresas».
