La situación de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes es insostenible. Las declaraciones del pasado viernes en las que el ministro sugería que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, podría haber hablado bajo los efectos de alguna droga suponen una injustificable falta de respeto , un atentado contra el sentido del decoro institucional y, sobre todo, generaron un injustificado daño contra el honor de un jefe de Estado extranjero. Las execrables palabras de Puente, independientemente del acierto o no que haya tenido Milei en su respuesta, han sumido a España en un enfrentamiento diplomático sin apenas precedentes que puede devenir en una crisis aún más seria. Debería ser responsabilidad de nuestro Gobierno el presentar excusas formales y tomar cuantas decisiones sean oportunas para reparar el daño causado. En el caso de que Puente no tenga la suficiente altura política como para dimitir, debería ser Sánchez quien le destituyera. El ministro de Transporte cuenta con un vergonzoso historial de insultos, injurias y descalificaciones vertidas, sobre todo, en redes sociales. Un bagaje que resultaría inverosímil en cualquier país de nuestro entorno. Esta trayectoria resulta incompatible con la dignidad de su cargo, aunque dada la colección de precedentes y la desenvoltura con la que Puente sigue embarrando la conversación pública, todo hace pensar que sus maneras no sólo no incomodan al presidente, sino que forman parte de la tarea que Sánchez le ha encomendado. En esta ocasión, el exabrupto del ministro ha rebasado los límites de la política doméstica y sus palabras difamatorias se han dirigido contra un mandatario extranjero, lo que genera una lesión grave a nuestra credibilidad internacional. La semana pasada, las grandes cabeceras del mundo levantaron acta de la insólita conducta populista de nuestro presidente quien, tras amagar con su propia dimisión, decidió seguir en el cargo para autoerigirse, con un gesto esperpénticamente inverosímil, en defensor de la democracia y de la palabra pública. El mismo Sánchez que se finge víctima de supuestos bulos es capaz de mantener en el cargo a un ministro que insulta y difama a un presidente extranjero sin pruebas. Las palabras de Puente no fueron fortuitas y el hecho de que se pronunciaran en la Escuela de Gobierno de Castilla y León, delante de personas jóvenes, constituye un agravante inequívoco. Que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, se haya permitido valorar la desafortunada respuesta de Milei sin antes censurar de forma rotunda la difamación perpetrada por su compañero de gabinete da muestra de hasta qué punto en el Gobierno empiezan a perder el control sobre sus propios actos y su imagen. En el PSOE no sólo han quebrado la relación entre palabras y realidad, sino que su discurso público empieza a resultar abiertamente contrario a los hechos. En apenas unos años, ha dejado de ser un partido institucional para convertirse en una formación política de usos y maneras irreconocibles. La grosería, la falta de decoro y el señalamiento público de personas inocentes –sean periodistas, empresarios, jueces o adversarios políticos– ya lo habíamos conocido. Que esta ausencia de límites sea capaz de rebasar el ámbito de nuestras fronteras y que las injurias de Óscar Puente alcancen al jefe del Estado de una nación hermana como Argentina, con extraordinarios lazos históricos y económicos con España, es de una gravedad insólita. Sánchez debe destituir a Puente y, en el caso de no hacerlo, asumirá sobre sus propios hombros la vergonzosa responsabilidad de unos hechos que, a buen seguro, serán recordados por mucho tiempo.
