El pasado viernes, cuando se aprobó en el Congreso el dictamen del proyecto educativo del Gobierno, la Lomloe, más conocida como «ley Celaá», la diputada socialista Mari Luz Martínez Seijo, acusó a la oposición de «generar un clima de suspicacia y sospecha sobre la viabilidad de la ley». Algo parecido dijo este domingo el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en Twitter: «Estamos recibiendo emails de personas preocupadas por la Ley de Educación. Su preocupación parece provenir de haber sido desinformadas sobre varios elementos que se repiten». Y para «resolverlo», el partido morado recurrió a un documento que pretende ayudar a esos ciudadanos «desinformados». Pero parece que no es solo la oposición, la comunidad educativa o la calle los preocupados por la tramitación de la «ley Celaá», en concreto, si se está haciendo con el suficiente consenso social y político.
En un informe elaborado por la Comisión Europea, «Monitor de la Educación y la Formación de 2020», el organismo recuerda que en nuestro país se está «produciendo una reforma integral de la ley de educación» y advierte de que el «éxito» de la Lomloe «dependerá en gran medida de que se alcance un amplio consenso político y social». Añade que «los resultados educativos de los estudiantes no han mejorado y siguen existiendo diferencias regionales». Cabe recordar que aparte de ser contestada desde que se conoció, es la primera ley educativa de la historia que dejó afuera la sociedad civil de su debate.
«Impugnaciones»
El informe también recoge los aspectos que el Gobierno asegura querer mejorar con la ley: educación infantil; refuerzo a los estudiantes rezagados; reduccción de la segregación escolar; ofrecimiento a los centros de mayor flexibilidad en sus planes de estudio... Y lanzan otra advertencia: «Las medidas tales como los límites a la repetición de curso deben velar por la coherencia con los objetivos generales (por ejemplo, mejorar los resultados educativos de los alumnos)». El informe también reconoce que «las propuestas dan lugar a impugnaciones dentro y fuera del Parlamento (partidos políticos, sindicatos de profesores, asociaciones de centros escolares, padres y alumnos y otras partes interesadas), por ejemplo, porque la financiación es inadecuada y porque una mayor flexibilidad en los planes de estudio puede correr el riesgo de generar aún mayores divergencias regionales».
Y vuelven a insistir en que «el Consejo Europeo ha subrayado que el éxito de las medidas que puedan adoptarse dependerá de que se invierta tiempo en la construcción de un consenso político y social amplio y duradero en torno a las reformas». Además, resaltan que los niveles de competencias básicas no han mejorado: recuerdan que en el último PISA (2018), el rendimiento medio cayó en 10 puntos en Ciencias y en 5 en Matemáticas, en comparación con el estudio de 2015.
