El curso político comenzó con una creciente sensación de que el Gobierno de coalición sacaría adelante los Presupuestos Generales del Estado de la mano de PNV y de Ciudadanos, lo que abría la legislatura a una nueva dimensión al cambiar las alianzas del bloque de la investidura. Pero los sucesos de las últimas semanas han cambiado el rumbo de los acontecimientos. De forma oficial el Gobierno quiere mantener abiertas todas las opciones. Sin descartar a la formación de Inés Arrimadas. Pero la cuerda empieza a tensarse. Pedro Sánchez ha dado la directriz de no dar por perdida esa vía. Que sea Ciudadanos quien dé un paso atrás. Y si no lo hace hay quienes en el Ejecutivo destacan la estabilidad que puede aportar esta vía. Pero lo que todos parecen haber asumido, hasta quienes en privado han recomendado a Sánchez que se decante por uno de los dos socios, es que el presidente del Gobierno no hará esa elección. Esperará para buscar los límites de sus socios potenciales y no asumir el coste de la elección.
Lo cierto es que, con la presión de Unidas Podemos como estímulo, el Gobierno no da señales de un pacto por el centro, sino que consolida la relación con el bloque de la investidura. La agenda legislativa que el Ejecutivo prepara para el otoño consolida ese espacio de entendimiento, en detrimento de Ciudadanos. La nueva ley de memoria democrática, la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición y la promoción otorgada al inicio de la tramitación de los indultos han consolidado un espacio favorable al bloque de la investidura.
En Unidas Podemos manifiestan su satisfacción por el curso de los acontecimientos porque entienden que ha quedado ampliamente conjurado el riesgo, cierto hace un mes, de que un pacto previo entre Sánchez y Arrimadas condicionase los siguientes meses de legislatura.
En UP además entienden que todo ha sucedido con ellos influyendo pero «sin ser protagonistas», en referencia a lo sucedido la última semana con el choque con el poder judicial y con el veto al Rey en el acto de entrega de despachos en Barcelona. En ambos conflictos, que se retroalimentan entre sí, la formación de Iglesias ha azuzado el choque, pero los protagonistas principales del desgaste han sido miembros socialistas del Gobierno. Especialmente el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y en UP creen que el propio presidente, responsable último de la decisión de vetar la presencia del Rey el pasado viernes en Barcelona. «En un choque así nosotros vamos de frente, es el PSOE quien tiene que hacer equilibrios», dicen.
En el día de ayer y a través de los grupos parlamentarios, el PSOE y Unidas Podemos suscribieron un escrito conjunto junto a ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias en el que criticaban al PP por no acceder a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.
Un escrito en el que se reivindica la existencia de una mayoría absoluta en la Cámara Baja que reclama la renovación de las instituciones, pero que es insuficiente para renovarlas porque se precisa de la mayoría reforzada que solo el PP puede aportar. Los puentes en ese sentido están rotos entre Moncloa y Génova, y un escrito de estas características se interpretaba ayer en el Gobierno como «una demostración del aislamiento del PP».
Y ese es el objeto del comunicado, erosionar a la formación de Pablo Casado que a comienzos del curso político rompió las negociaciones con el Gobierno para proceder a estas renovaciones. «El incumplimiento de la obligación legal de proceder a su renovación afecta gravemente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos», dice el comunicado, que recuerda «la obligación inexcusable de los Grupos Parlamentarios que integran las Cortes Generales para proceder en tiempo y forma a la renovación de estas instituciones básicas».
Fuentes socialistas facilitaron este comunicado en el que cuestionan a los grupos parlamentarios que «amparados en las mayorías reforzadas a las que obliga el ordenamiento jurídico, bloquean las renovaciones previstas, incurren en una grave irresponsabilidad». En pleno choque del Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial, que ha sido constante desde la formación del Gobierno de coalición con Unidas Podemos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere desbloquear definitivamente su renovación. Pero el acuerdo no se atisba en el horizonte, porque los socialistas han optado por exhibir sus alianzas para cargar contra el PP: «Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante».
A este respecto, fuentes de Unidas Podemos señalaron que «la situación de captura del Poder Judicial por parte del PP es inconstitucional e insostenible, como pudimos ver este viernes», en referencia a la defensa que el actual CGPJ hizo del papel de Don Felipe. En Podemos destacan el hecho de que estos firmantes superen la mayoría absoluta del poder legislativo porque éste es «el único de los tres poderes que es elegido directamente por la ciudadanía» para «señalar este secuestro».
Templar los ánimos
En el seno del Gobierno ha suscitado estos días un importante malestar con el papel jugado la pasada semana por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. También como correctivo a su figura se dirige el comunicado de ayer.
Pero tampoco ha gustado a otros miembros del Gobierno que en Unidas Podemos se aprovechase la decisión en torno al Rey, que insisten en presentar como «justificada», para erosionar la Monarquía. «No es momento de debates partidistas que pongan en cuestión nuestro régimen constitucional ni institucional», defendió ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El número tres del PSOE reclamó que no exista «ninguna división con respecto a ninguna otra institución del Estado» porque, a su juicio, «todas representan la unidad del país». Pero ha sido el veto a la presencia del Rey, el choque más público hasta la fecha promovido por el Gobierno, lo que ha unido más al bloque de investidura.
