El Gobierno limita la posible cesión a los ayuntamientos de tramos de la red estatal de carreteras a los casos en los que no tenga que acometer antes mejoras en la vía ni compensar económicamente al municipio. Esto quiere decir que el trazado se transferiría tal cual se encontrase y a partir de ese momento debería ser la administración local la que se encargara de acondicionarla como estimara oportuno, pero con sus propios recursos presupuestarios.
