Gran extrañeza ha causado el anuncio de que un juez federal ordenó la reapertura del caso Tlatlaya, municipio del sur del Estado de México, donde hubo una balacera en 2014 y cerca de una veintena de presuntos maleantes murieron en el enfrentamiento con soldados. Los habitantes de la zona señalan que no se trataba de narcos, sino de delincuentes que asolaban la región sur del Estado de México, sobre todo con secuestros y extorsión. En 2016, un juzgado militar absolvió a seis de siete militares que participaron en los hechos.
Algo que la gente no sabe es que cada una de las tres mujeres que estaban con los maleantes, y que -según la percepción general- vendieron su testimonio contra los soldados que participaron en la acción, recibió alrededor de cincuenta millones de pesos de indemnización, y que es vox populi en esa región sureña del Estado de México, que dos de las tres indemnizadas, que no fueron víctimas sino acompañantes, con el dinero recibido se fueron a vivir una a Europa y otra a Miami. Lo cierto también es que en el municipio y en toda la zona donde operaba esta banda, la gente quisiera hacerle un monumento a los soldados, porque los liberaron de esa plaga.
La misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda claridad en el artículo 23: “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.”
Por esto, llama muchísimo la atención y mueve a preguntarse cuál es la verdadera razón de que el titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, haya otorgado un amparo a la madre de una de las sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya, del 30 de junio de 2014 donde murieron 22 personas, 19 de las cuales estaban identificadas por la comunidad como banda de secuestradores y extorsionadores. La pregunta es: ¿Hacia dónde va la administración de la ley y dónde está la justicia?...
El miércoles pasado, autoridades del ISSEMYM del Estado de México acudieron a una reunión con jubilados y sus representantes para resolver sus dudas sobre la nueva ley, y la aclaración principal que se les hizo es que a pensionados y jubilados, lo mismo que trabajadores activos, no les afecta. Lo que tienen ganado de prestaciones, así se queda. La nueva ley sólo aplica para quienes se incorporen al servicio público a partir del uno de enero del año 2019.
No faltan quienes quieren crear descontrol y hablan que de que se quiere privilegiar a un grupo empresarial de un banco – creo que el único banco mexicano que queda- al abrir las AFORES para los servidores públicos, pero que quede bien claro: se necesita ser un neófito para ignorar que al abrir una cuenta en una AFORE, ¡cada quién se va al banco que quiere! Y una recomendación: hay que emprender, desde ahora, la autojubilación…
Está en puerta el primer informe de Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, y hay quienes dicen que se lo entregará a la Cámara de Diputados actual, pero mi pronóstico es que lo entregará a la diputación local predominantemente morenista, con la cual iniciará una relación de colaboración en favor de los mexiquenses…
De llamar la atención que la nueva Ley de la UAEM se queda en los asuntos pendientes de esta legislatura, que ayer cerró sesiones, y tocará a la nueva analizarla y en su caso aprobarla. Uno de los temas que causaba escozor, y motivó cuestionamientos de todo tipo, es la prolongación del mandato, que es de cuatro años, a seis, por sospechar que tenía dedicatoria…
En el Pueblo Mágico de Metepec, el alcalde David López Gutiérrez va a cerrar el trienio con gran apoyo de los habitantes, que valoran su compromiso –tangible en los hechos- de que se mantendrá el máximo esfuerzo en los servicios públicos, hasta el fin de su período Constitucional que culmina el 31 de diciembre.
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