Con apenas 300 habitantes, la localidad palentina de Lantadilla ha saltado en los últimos días a los medios de comunicación. ¿El motivo? Toda la corporación municipal, cinco concejales del PP y otros dos del PSOE, han dimitido en bloque porque, según dicen, «es imposible» trabajar con la secretaria-interventora del Ayuntamiento». Ante las «presiones», las «calumnias» y el aluvión de críticas recibidas, la funcionaria, María Teresa Romero, ha decidido hablar por primera vez en una entrevista con ABC para dar la cara, mostrar su versión y responder a algunas de las acusaciones sobre dejación de funciones que ha vertido contra ella el ya exequipo de gobierno local.
«Lo que hay contra mí es acoso y derribo», asegura la secretaria, que defiende que en todo momento ha realizado con rigor su trabajo: realizar advertencias de legalidad y fiscalización, que, a veces, supone «decirle a los políticos lo que no quieren oír». Y es que, los secretarios interventores son «los primeros controladores de la legalidad» y, precisamente, quizá eso «es lo que no ha gustado».
29 años en el Ayuntamiento
Así, insiste en que han sido varias las «advertencias de legalidad» a la corporación saliente, tanto verbales como por escrito, de que «lo que pretendían acometer no era legal, o incluso, que lo que ya habían hecho no se podía hacer». Son ya 29 años los que María Teresa Romero lleva como funcionaria en el Ayuntamiento de Lantadilla y tiene claro que los «problemas» han venido sólo con el equipo de gobierno que acaba de abandonar el poder, con los que ha cruzado varios recursos judiciales. Por ahora, los tribunales le han dado la razón -el último, la Audiencia Nacional-. «Son ya cinco sentencias a mí favor y como no les gusta lo que dicen los jueces quieren que la Audiencia Nacional rectifique a su acomodo», considera. Y de ahí, dice, todas las protestas (manifestaciones y concentraciones) que se están llevando a cabo en su contra. Además, subraya, que con algunos de los concejales que han dimitido no ha llegado a coincidir y que ninguno de ellos se ha acercado a su despacho para conocer expedientes o documentación necesaria para hacer las críticas que hacen.
En primer lugar, la Junta decidió abrir un expediente a María Teresa Romero, que recurrió al Contencioso-Administrativo. Este tribunal decidió que, al ser una habilitada nacional, el Gobierno autonómico no tenía competencias. Así que el caso pasó al Ministerio de Hacienda, que sí tiene competencias sobre estos funcionarios. Este órgano abrió también un expediente, al que la secretaria de Lantadilla presentó «más de un centenar de alegaciones» que, según explica, apenas fueron atendidas por la instructora encargada del proceso.
El Ministerio la impuso seis meses de suspensión cautelar de su puesto, pero más tarde la Audiencia Nacional le dio la razón, echó para atrás el expediente, eliminó la sanción y permitió a la secretaria regresar a su puesto de trabajo. «El Ayuntamiento resultó condenado a costas en esta última sentencia» que el Consistorio también ha recurrido, dice.
Y una vez de vuelta en su despacho, María Teresa Romero se ha encontrado con que «la guerra» contra ella continúa. «Se han marchado sin dar ninguna explicación», y «entorpeciendo» la labor del Ayuntamiento, que, aunque sigue funcionando, manifiesta, requiere de un mando político al frente para poder tomar «determinadas decisiones».
Presupuestos
Una de las principales críticas de la exalcaldesa, Ana María Escudero, es que la secretaria no presentaba los presupuestos y tampoco rendía las cuentas que exige Hacienda a los consistorios. Eso, suponía, según la exregidora, que se retuvo una cantidad importante de dinero al Ayuntamiento, que, por lo tanto, acumuló una gran deuda. Ante esa acusación, la secretaria reprocha al equipo de gobierno que en ninguno de los presupuestos -«cada uno ha tenido sus caracterísicas»- se ha seguido la tramitación pertinente y, por lo tanto, no ha podido presentarse la documentación. También son algunos de los vecinos los que cargan contra ella. En concreto, una persona, señala que se vio obligada a aplazar su boda civil porque la secretaria no hizo la tramitación necesaria. Para esto, María Teresa Romero también tiene respuesta: «Los trámites llevan un tiempo y no pueden acelararse». Detalla, también, que constaba en el expediente y la instructora no lo tuvo en cuenta.
«Han amedrentado a mucha gente», explica al referirse a la recogida de firmas que una plataforma ha impulsado para que abandone su puesto. Lejos de participar en el «circo mediático» que se ha montado, la secretaria defiende su trabajo y ante tantas acusaciones -«parece que yo tengo la culpa de todo»-, asegura con ironía: «confieso, yo maté a Kennedy».
