El Gobierno recurrirá la designación de Carles Puigdemont como candidato a la investidura que la próxima semana debe abordar el parlamento catalán. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría ha anunciado que ya se han solicitado los informes del Consejo de Estado previos a una maniobra que busca que la designación sea anulada cautelarmente de manera inmediata.
El movimiento jurídico de Rajoy, comunicado previamente a PP y PSOE, supondrá el bloqueo automático de la designación de Puigdemont como candidato. La simple admisión a trámite del recurso borra cautelarmente el acuerdo adoptado el 22 de este mes por el Parlament y que le señalaba como presidenciable. En otras palabras, si Roger Torrent insiste en plantear la investidura tal y como la tenía planeada, podría encontrarse con problemas legales por desoír las órdenes del TC.
La decisión de Moncloa supone un cambio de criterio y aborda una suspensión preventiva sin esperar a que el candidato independentista decida o no volver a España para participar en la investidura. Hasta hoy, el Gobierno decía que ese recurso "preventivo" era imposible.
El fundamento jurídico del recurso se apoya en la idea de que "Puigdemont carece del derecho de libertad deambulatoria" y, por tanto, no podría asistir a la sesión de investidura. Aún en caso de que el Constitucional no apoyase las tesis de Moncloa, el movimiento supone una operación de bloqueo jurídico a la investidura.
El Gobierno quiere poner en Torrent toda la presión para que elija entre la confrontación con el TC o la elección de otro candidato: "Tendrán que elegir a otro candidato. Tienen 135 opciones y ya han demostrado que pueden hacer una ronda de consultas en 48 horas", aseguran fuentes de la presidencia del Gobierno.
La vicepresidenta Saénz de Santamaría confirmó que el PSOE estaba informado de la decisión, así como el PP. En este caso, el ejecutivo ha dejado fuera de su estrategia a Ciudadanos, a pesar de que la formación que preside Albert Rivera les apoyó en la puesta en funcionamiento del artículo 155. La decisión de Ciudadanos de impedir que el PP tenga un grupo propio en el Parlament está directamente relacionado con la decisión de dejarles al margen.
El Gobierno ha pedido además que el Consejo de Estado informe sobre la legalidad de permitir el voto telemático durante la investidura. La solicitud de ese informe supone toda una declaración de intenciones sobre los próximos encargos que al Constitucional le irán llegando de parte de Moncloa.
